El Departamento del Cesar se “salva” de pagar más de 2 mil millones

daño antijuridico
El defensor del Estado debe conocer la forma correcta de contabilización de los tiempos para que opere el fenómeno de la caducidad, así como los requisitos que se exigen para el mismo opere, pues estas herramientas le han permitido a la Procuraduría General de la Nación interponer y ganar una acción de nulidad de contrato que le ha ahorró al erario público más de 2 mil millones de pesos.
Al resolver un recurso extraordinario de revisión, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Radicado 11001031500020160318100) señaló el momento en que debe comenzar a contarse el termino de caducidad de la acción de nulidad, así como los requisitos para que la misma opere.
La Procuraduría General De La Nación solicitó se declarará la nulidad absoluta del contrato No. 0385 de 1999, celebrado el 8 de abril de 1999 entre el Departamento del Cesar y el Dr. Amadeo Tamayo Morón, denominado “de asesoría, consultoría y gestión”, y de los contratos aclaratorios Nos. 01 y 02, mediante los cuales éste último, profesional del derecho, debía realizar todas las actividades de gestión profesional y los estudios e informes jurídicos, técnicos y similares que se requirieran para obtener las indemnizaciones o compensaciones por la falta de cumplimiento del Gobierno Nacional a lo dispuesto por los artículos 23 y 40 de las leyes 226 de 1995, en el proceso de privatización del sector eléctrico en la Costa Atlántica, y el reconocimiento de los derechos del departamento dentro del proceso liquidatario de Electrocesar S.A. ESP. En dichos contratos se fijó el porcentaje del 16% sobre el total de las acciones que por gestión comprobada incrementaran el porcentaje del departamento del Cesar, lo que arrojó un total de $2.385’162.553 que a título de honorarios recibiría el abogado Tamayo.
Luego de agotadas la primera y segunda instancias, el demandado interpuso recurso extraordinario de revisión argumentando caducidad de la acción y prescripción extintiva, frente a lo cual el Consejo de Estado señaló: “(…) debe tenerse en cuenta que la caducidad es un presupuesto procesal de la acción. La doctrina ha dicho que los presupuestos procesales de la acción son los requisitos necesarios para que pueda ejercitarse válidamente, esto es, en tales condiciones que el juez oiga la petición que se le formule para iniciar un proceso y decidirlo por medio de la sentencia. Esos requisitos son: (i) Legitimatio ad processum o capacidad jurídica y capacidad procesal del demandante, (ii) investidura del juez en la persona ante quien se debe presentar la demanda, (iii) calidad de abogado titulado de la persona que presenta la demanda, cuando la ley así lo exige y (iv) la no caducidad de la acción. La falta de un presupuesto procesal constituye un impedimento procesal.”
También recordó que para contabilizar los tiempos para que opere la caducidad, el fallador debe fundamentarse en las “(…) las normas –así como su interpretación- vigentes para la época en que se presentó la demanda, sin que sea permitido aplicar cambios jurisprudenciales posteriores, más aún cuando afectan el ejercicio de la acción.”
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