El Principio Iura Novit Curia en el Sistema Interamericano: ¿garantía o exceso de atribuciones?

Por: Lucía Pulido Fentanes
Asesora ANDJE

En la actualidad son cada vez más las disputas entre Estados y ciudadanos que llegan a instancias internacionales para ser resueltas. No obstante, muchas de estas peticiones son llevadas directamente por las personas afectadas, siendo en algunos casos insuficiente la base jurídica que las soporta. Esto conlleva la necesidad de un rol mucho más activo de los órganos de los diferentes sistemas regionales de protección de derechos humanos, con el fin de lograr equilibrar la situación de las partes en el proceso.

Una de las herramientas que han utilizado los órganos judiciales y cuasi judiciales de derechos humanos para transformar la histórica relación vertical entre los Estados y sus ciudadanos, es el Principio Iura novit Curia. Dicho principio se ha entendido mayoritariamente como aquel según el cual, es el juez quien conoce el derecho o como la máxima “dame los hechos, yo te daré el derecho”. Así, esta máxima viene a expresar el principio de legalidad en su dimensión procesal, al tratarse de una regla que debe ser aplicada para lograr la efectividad del derecho.

En los últimos años el uso de este principio ha venido ganando espacio en las decisiones de los organismos internacionales. Sin embargo, son algunas las problemáticas que han surgido de su constante implementación, particularmente cuando la misma se da sobre el derecho sustantivo y no meramente frente a reglas procesales.

En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH) -cuyo origen se da en una región paternalista, donde hay poca confianza en los regímenes jurídicos nacionales, inestabilidad gubernamental, violaciones masivas de derechos, y grandes brechas en los índices de desarrollo de los Estados-, existe una práctica frecuente. Esta práctica consiste en utilizar el Iura Novit Curia, para alegar presuntas violaciones de la Convención que no hayan sido alegadas por las partes, pero que surjan de manera evidente de los hechos probados.

Por tanto, los órganos del SIDH están facultados no sólo para revisar los planteamientos de las partes, sino que, en su rol de garantes de derechos, tienen la potestad de ampliar ese marco jurídico aportado, para fortalecer los mecanismos de protección disponibles para las víctimas en la región.

De los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es posible extraer la frecuencia del uso que este órgano hace de la máxima bajo análisis [1]. Por ejemplo, en el año 2010 de los setenta y cuatro (74) casos que admitió, en treinta y ocho (38) de ellos la Comisión hizo uso del principio para adicionar violaciones de derechos no alegadas por las partes. En otros casos, la Comisión si bien no adicionó nuevas violaciones, si incluyó víctimas que no estaban reconocidas como tales en la petición inicial [2] .

Asimismo, del total de casos fallados por la Corte IDH, es posible establecer que, a partir del 2010, casi una (1) de cada cuatro (4) sentencias incluyen de una u otra forma el uso del principio. Es decir que, el Tribunal utiliza la máxima en más del treinta y cinco por ciento (35%) de los casos que son presentados ante ella.

En ese sentido, en el ámbito latinoamericano, el Iura Novit Curia adquiere un rol que va más allá de buscar justicia para las partes, considerándose como una posible garantía del principio de efectividad de la Convención[3]. No obstante, aunque a primera vista parece razonable propender por la eficacia del derecho, el uso indiscriminado del principio podría ser un obstáculo para el ejercicio del derecho de legítima defensa de los Estados.

Lo anterior, en tanto que, dentro del procedimiento establecido para el trámite de peticiones ante el sistema[4], no figura ninguna etapa procesal adicional que permita a las partes pronunciarse sobre las violaciones adicionales incluidas por la Corte en su análisis del caso[5].

Aunado a lo anterior, la Corte IDH incluso ha utilizado el principio en mención para encontrar violaciones distintas o adicionales a aquellas alegadas, no sólo por las partes, sino también por la CIDH. En ese sentido, la Corte no sólo no se ha limitado por lo establecido por las partes, sino que, se encuentra en libertad de formular sus propias teorías jurídicas, incluso si estas difieren de las presentadas por la Comisión[6].

En suma, de los usos dados por la Corte IDH al Iura Novit Curia, es posible establecer las siguientes categorías:

I) Aplicación clásica: mencionando la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, la Corte IDH manifestó que el principio Iura novit Curia la facultaba para aplicar las normas que considerara relevantes a los casos que fueran sometidos a su jurisdicción. Así por ejemplo, la presunta violación de los artículos 1.1 y 2 de la Convención se ha venido incluyendo motu propio en la mayoría de los casos ante el SIDH desde hace varios años[7].

II) Flexibilización de reglas procedimentales del sistema: el Sistema ha utilizado en ocasiones esta máxima para incluir víctimas no presentadas por los peticionarios. Esto, al entender que del marco fáctico y de las violaciones alegadas, es posible extraer e incluir en el proceso personas adicionales[8]. El problema de esta aplicación, es que las nuevas víctimas incluidas traigan consigo hechos adicionales, y por tanto nuevas violaciones no contempladas por las partes, limitando su oportunidad de defenderse.

Asimismo, este principio ha servido para justificar la inclusión de pretensiones tardías de los peticionarios sobre las cuales, ni la CIDH ni el Estado han tenido la oportunidad de pronunciarse[9].

III) Creación de Corpus Iuris internacional o ampliación del catálogo de derechos: la Corte ha introducido violaciones de derechos no consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, declarando la responsabilidad de los Estados respecto de otros instrumentos internacionales, sin importar si han sido alegados por los peticionarios. Ejemplo de ello, es el caso de Heliodoro-Portugal Vs Panamá, donde se incluyó el análisis de responsabilidad por violaciones a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas[10].

IV) Creación de doctrina o figuras jurídicas de especial protección: el Iura Novit Curia también se ha usado para ampliar el alcance y contenido de algunas garantías. Lo anterior, ya sea sumando violaciones de derechos que el Tribunal ha entendido como conexas o estableciendo, para casos concretos, “obligaciones reforzadas” para los Estados.

Este uso, si bien podría buscar la eficacia Convencional, también podría afectar la búsqueda objetiva de justicia o el equilibrio procesal. Lo cierto, es que genera consecuencias directas sobre las estrategias de litigio de las partes, por cuanto la fortaleza de un argumento ante el Sistema se determinará por el número de decisiones de este órgano, que lo respalden. Es decir, estamos hablando de “realismo jurídico” puro y duro.

No obstante, no se debe concluir que frente al derecho de defensa de los Estado todo está perdido. En el caso de Fermín Ramírez Vs. Guatemala, la Corte IDH aclaró que el Iura Novit Curia es una facultad de los Tribunales que siempre “debe ser entendida e interpretada en armonía con el principio de congruencia y del derecho defensa”. Así, el Tribunal parece haber condicionado el uso de dicha facultad, a que cualquier modificación en el marco jurídico del caso le sea comunicada al Estado. Esto para garantizar que este último pueda tener tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa[11].

Así, la voluntad de la Corte, en su último pronunciamiento, ha sido limitar el uso indiscriminado del principio, y evitar que sea utilizado para encubrir o esconder una modificación en la plataforma fáctica del caso[12]. Pero lo cierto es que, más allá de la voluntad del Tribunal, el procedimiento mismo en el SIDH, no permite esa flexibilidad. En muchos casos el Estado no tendrá oportunidad de refutar las violaciones que este Tribunal incluya, pues sólo conoce de ellas una vez ha sido proferida la sentencia.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el uso de la máxima bajo examen en el SIDH tiene el potencial de afectar directamente las estrategias de litigio de las partes, pues es capaz de guiar la forma en que las presuntas vulneraciones deben ser, no sólo alegadas, sino también defendidas.

El problema para el derecho de defensa de los Estados vendrá entonces, cuando no exista en la jurisprudencia del Sistema determinada línea de litigio frente a una materia específica, puesto que los Estados no podrán anticipar su defensa frente a posibles violaciones que sean incluida a traves del Iura Novit Curia. Lo anterior, deja ver un vacío jurídico en las reglas procedimentales de la Corte, demostrando que la prioridad del Tribunal en muchos casos es la eficacia del SIDH, y no la protección de las garantías procesales de las partes.

En conclusión, el uso del Iura Novit Curia en el Sistema, ha generado estándares de litigio que son ahora seguidos por las partes que ante él acuden. Sin embargo, aun existen una serie de vacíos normativos en el procedimiento del Sistema, que podrían considerarse como lesivos de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa de los Estados.

[1]CIDH. Informe anual 2017. Capitulo II. http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf
[2] Shelton, Dinah. Supra nota 18.
[3] Nieto, Cesar  “La Aplicación del Principio Jura Novit Curia por los Organos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Bogotá, 2013, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33025.pdf.
[4] CIDH. Sistema de Peticiones y Casos Folleto Informativo. 2012.
[5] Corte IDH, Caso Hilaire, Constantine Y Benjamin Y Otros Vs. Trinidad Y Tobago (2002).
[6] Corte IDH. Godínez-Cruz V. Honduras, Sentencia del 20 de enero de 1989), para 172; Masacre De ‘Ituango’ V. Colombia, sentencia del 1 de julio de 2006, para 191.
[7] Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías Y Otros Vs. Venezuela. Sentencia de 27 de agosto de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C. 281.
[8] Corte IDH. Caso Cruz Sánchez Y Otros Vs. Perú. Sentencia de 17 de abril de 2015. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. 292. Párr. 67; Caso Cuscul Pivaral Y Otros Vs. Guatemala. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C 134.

[9] Corte IDH. Caso Defensor De Derechos Humanos Y Otros Vs. Guatemala. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. 283. Párr. 30 y 31; Corte IDH. Caso Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Serie C. 134. Párrs. 59 y sig Shelton, Dinah “Jura Novit Curia in International Human Rights Tribunals.”
[10] Corte IDH, “Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá Sentencia de 12 de Agosto de 2008. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C_186. Paras. 105 – 113.
[11] Cesar Alfonso, “El Principio De Coherencia Y El Principio Iura Novit Curia En La Jurisprudencia Interamericana,” Sistema Interamericano de Protección de Los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, no. ISBN 978-9974-8289-0-2 (2011): 23–42, http://www.kas.de/wf/doc/kas_31766-1522-4-30.pdf?121011222421.
[12] Cesar Alfonso, “El Principio De Coherencia Y El Principio Iura Novit Curia En La Jurisprudencia Interamericana,” Sistema Interamericano de Protección de Los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, no. ISBN 978-9974-8289-0-2 (2011): 23–42,