Litigiosidad en contra de la Nación

Julián Eduardo Villanueva

El presente artículo tiene por objetivo generar una reflexión acerca de los efectos fiscales de la litigiosidad en contra del Estado e incentivar la participación de la Comunidad Jurídica del Conocimiento respecto a las posibles soluciones que se proponen para enfrentar este reto que constituye una amenaza para la estabilidad de las finanzas públicas. El artículo está organizado en tres apartados. El primero dimensiona la problemática relacionada con los efectos fiscales de la litigiosidad en contra del Estado; el segundo hace énfasis en algunos de los factores que generan este problema y, por último, se exponen algunas propuestas para su resolución.

Existe una creciente litigiosidad en contra del Estado colombiano. De acuerdo con el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado, a diciembre 31 de 2017 se registró un acumulado de 451.400 procesos activos en contra de la Nación, con pretensiones que ascienden a 3.795,5 billones de pesos.  Esta cifra equivale a 4,3 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en 2017. Esto significa que todas las empresas y todas las familias del país deberían destinar la totalidad de sus ingresos durante cuatro años y cuatro meses para equiparar las pretensiones que tienen los procesos en contra del Estado colombiano.

Para dimensionar mejor la problemática y sus consecuencias es necesario precisar el monto de las condenas en contra de la nación. Estimaciones realizadas por la Agencia Jurídica de Defensa Del Estado (ANDJE) indican que, al año, en promedio, las condenas en contra de la nación alcanzan los 1,4 billones de pesos, mientras que los pagos realizados por este motivo equivalen en promedio a 1 billón[1] de pesos al año. Lo anterior evidencia que la Nación está acumulando un déficit en el pago de las providencias que le son contrarias.

Pero, ¿cuánto es el monto de las deudas acumuladas por el Estado colombiano a causa de las sentencias proferidas en su contra? De acuerdo con los estados financieros reportados al 31 de diciembre de 2017 por entidades públicas del orden nacional (excluyendo las condenas en contra entes territoriales como gobernaciones y alcaldías), el monto de la deuda acumulada por sentencias y conciliaciones en contra del Estado colombiano alcanza los 4,.2 billones de pesos[2]. Para hacernos una idea: 4,2 billones de pesos alcanzarían para cubrir el 76% del déficit del sistema de salud del país, o para construir 91.700 casas de interés prioritario para familias de escasos recursos. Aunado a lo anterior, el monto de la deuda es afectado por los intereses de mora, que se liquidan de acuerdo con lo establecido en el Artículo 195 de la Ley 1497 de 2011, haciendo que esta crezca a un ritmo acelerado.

Según estimaciones de la ANDJE[3], de continuar con la dinámica anteriormente descrita (déficit anual en el pago de condenas más los intereses de mora causados), el tamaño de la deuda puede crecer hasta alcanzar un monto cercano a los 126 billones de pesos en los próximos 10 años. Esta cifra corresponde al 99% de los ingresos por recaudo de impuestos de la Nación en 2017[4] y da cuenta del grave riesgo que constituye para la viabilidad fiscal del Estado colombiano el aumento de la litigiosidad en contra de la Nación.

¿Cuáles son las causas?

Algunas de las causas que ha identificado la ANDJE están relacionas con: i) Falta de aplicación de normas pertinentes, válidas y vigentes en el ordenamiento jurídico y ii) Ausencia de criterios claros y vinculantes en el litigio contra el Estado en temas como: la reparación de los daños antijurídicos; la reparación a las víctimas del conflicto armado; la regulación de la acción popular y de grupo y la promoción de un litigio no temerario ni desproporcionado. Al respecto, la ANDJE señala lo siguiente: ”La ausencia de criterios claros y vinculantes en el litigio contra el Estado se manifiesta en la carencia de una reglamentación clara para la reparación de los daños antijurídicos imputables al Estado; en la falta de claridad respecto del alcance de las normas que regulan la reparación a las víctimas del conflicto armado en el posconflicto; deficiencias en la regulación de la acción popular y de grupo y en las normas que promueven un litigio no temerario ni desproporcionado” [5] .

Propuestas

 La creación de un Sistema de Defensa Jurídico del Estado es fundamental para asegurar la continuidad de la política pública y potenciar sus estrategias con el apoyo de todas las ramas del poder público, en especial del legislador[6], mediante la expedición y aplicación de normas que permitan superar la problemática planteada e impactar de manera favorable a toda la comunidad.

Así, el objetivo es crear un sistema con el fin de hacer efectivo el ciclo de defensa jurídica[1], asegurar una defensa judicial adecuada, proteger el patrimonio público y garantizar los derechos de los ciudadanos.

El Estatuto de la Defensa Jurídica del Estado se presenta así como una medida que permitirá la adopción de un sistema articulado para la gestión adecuada y eficiente de la defensa jurídica, mediante la regulación de  aspectos tales como la gestión de la información y de la defensa jurídica; el ejercicio de la defensa jurídica del Estado y del litigio contra el Estado; el cumplimiento de sentencias y conciliaciones; la regulación de la responsabilidad extracontractual del Estado; la acción de repetición y la acción de grupo.

[1] Promedio obtenido de cifras reportadas en el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación

[2] Información reportada por la Contaduría General de la Nación

[3] Agencia jurídica de Defensa del Estado – ANDJE “Impacto fiscal de las condenas en contra de la nación” Bogotá, 2017.

[4] Tomado de la Página Web del portal de transparencia administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/IngresosNacion

[5] Agencia jurídica de Defensa del Estado – ANDJE “Impacto fiscal de las condenas en contra de la nación” Bogotá, 2017.

[6] La Corte Constitucional en sentencias C -524 de 1997, C-1648 de 2000 y C-630 de 2011 señaló que la actividad legislativa es por esencia evolutiva y dinámica al ocuparse de regular los aspectos vinculados a la conducta humana y las relaciones sociales, económicas y políticas. En este contexto, el legislador es el facultado para establecer las reglas que rigen el orden jurídico y de esta forma responder a los requerimientos sociales, a la conveniencia pública y a la necesidad de adoptar políticas públicas que beneficien a la comunidad.

[1] Conjunto de fases que evidencian el proceso asociado a la litigiosidad. Comprende la prevención del daño antijurídico, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la defensa judicial, el cumplimiento de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, y la recuperación de dineros públicos.

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